PROYECTO DE LEY: CREACIÓN DE ÓRGANO RECTOR EN COMPRAS PÚBLICAS

Problema: Año a año se suman los desaciertos en temas de compras públicas donde existe una alta responsabilidad de las administraciones licitantes que se conjuga con prácticas incorrectas de algunos potenciales proveedores.

Lo anterior se traduce en la pérdida de miles de millones de colones de todos los costarricenses. Las compras públicas representan alrededor del 15 % del Producto Interno Bruto, es decir, más de 5 billones de colones anuales, dinero que bien utilizado puede satisfacer con prontitud y calidad los bienes y servicios que requiere el Estado para beneficio de la población.

Tenemos un sistema con una dispersión de normas y una gran cantidad de órganos y entes que realizan actividad contractual, cada uno con reglas distintas, sistemas de evaluación diferentes para los mismos objetos contractuales y controles de calidad no estandarizados.

Es decir, cada institución se convierte en una pequeña “República independiente” en perjuicio del interés público. Cada órgano o ente es un mundo aparte con formas de revisión diferentes y dejando de lado aspectos importantes como el comportamiento en otros concursos, posibles prácticas colusorias e incluso actividades irregulares.

Culpables: Los Gobiernos anteriores desde hace unos 30 años.

Soluciones: Los problemas de la ineficiencia y la corrupción en las compras públicas se deben enfrentar desde un enfoque sistémico e integral para poner orden al fin después de varias décadas.

Se necesita una revisión integral para adaptar la ley al principio rector de la materia, es decir, el Principio de Eficiencia y Eficacia, orientado a la digitalización de los procesos y la seguridad jurídica del sistema.

El primer aspecto a considerar es la creación de un órgano rector.

Sobre este órgano rector, ya se ha presentado un proyecto de ley bajo el expediente N° 19775 (en el que coincidimos en parte). No apoyamos la creación de la Autoridad Nacional de Compras Públicas por cuanto delega funciones netamente técnicas en funcionarios de alto rango político.

Consideramos necesario fortalecer y convertir la Dirección General de Administración de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda en una Secretaría Técnica de Compras Públicas de forma tal que la creación de la única plataforma de compras públicas (Ley N° 9395) se fortalezca con esta rectoría.