PROYECTO DE LEY: EMPODERAMIENTO DEL CIUDADANO EN LUCHA CONTRA LA CORRUPCIÓN

Problema: Día a día los costarricenses nos sorprendemos más con los casos de corrupción que se denuncian en todos los poderes del Estado y en todos los niveles. El desencanto ha llegado a tal punto de empezar a manifestar la famosa frase de “nunca pasa nada”.
A pesar de que los principales órganos de investigación poseen páginas en Internet donde se pueden presentar denuncias electrónicas, el ciudadano sigue desconociendo información sensible que afecta a toda la sociedad.
La lista de casos es interminable y solo para enumerar algunos podemos mencionar la trocha con $34 millones; Ruta 257, conexión de carretera 32 con la TCM Limón $36 millones, compras innecesarias descubiertas en las bodegas del MOPT $34 millones entre otros más (montos estimados según datos prensa).
Hay otras noticias que indignan aún más y que ponen en peligro la vida de las personas como venta de medicamentos falsos en la Caja Costarricense del Seguro Social, la venta de carne de caballo como si fuera de res en algunas escuelas públicas (carne de equino desconociendo las condiciones sanitarias de la carne y si era apta para ser consumida), prótesis ortopédicas cobradas, pero no implantadas, fumigaciones con agua en lugar de insecticida, etc.
Hoy por hoy desconocemos cuántas denuncias se han presentado, el tipo de conducta, fecha de inicio de la investigación, estado procesal del asunto y fecha de conclusión.
El costarricense tiene un desconocimiento total en estos temas salvo el que recibe por los medios de información sintiendo una indignación de ver cómo transcurre el tiempo y “nunca pasa nada” convirtiéndose el descontento popular en un alto nivel de abstencionismo culpa del alto grado de impunidad.
Aunado a lo anterior, se tiene que la población desconoce los medios para realizar una denuncia, cómo tramitarla y si tendrá fuero de protección u anonimato.
Esta situación es advertida por la Contraloría General de la República en su Memoria Anual del 2016 al señalar que: “Como se puede ver, existen altos grados de desconocimiento de los mecanismos públicos de denuncia de actos de corrupción, así como de los derechos a la confidencialidad de la identidad del denunciante, lo cual genera una baja confianza en este tipo de mecanismo”.

Responsables: Los Gobiernos anteriores desde hace unos veinte años.

Solución: Gobernaremos en serio y tenemos claro que la corrupción y la mala gestión son dos cánceres de la gestión pública que incide en los proyectos que realiza el Estado convirtiéndose los mismos en ineficientes e ineficaces en perjuicio del interés público y con un claro detrimento en los servicios que por ley se deben prestar.
Debido a lo anterior, presentaremos un proyecto de ley para crear una base de datos pública en la que el ciudadano, la prensa, los órganos fiscalizadores y cuerpos policiales puedan dar trazabilidad a las denuncias tramitadas en todo el sector público. Ya no habrá excusas de decir que continúa en investigación perenne.
El sistema deberá permitir conocer la trazabilidad de las denuncias presentadas contra un órgano u ente, desglosadas por gerencias, direcciones, departamentos, secciones, áreas y subáreas. Fechas de denuncia, fecha de inicio de investigación, tema investigado (patentes, permisos, abuso de autoridad, contratación pública, mala fiscalización, mala gestión u otras), órgano o ente encargado de investigar, estado procedimental de la investigación (investigación preliminar, órgano director, denuncia en trámite el Ministerio Público, evacuación de prueba, etapa de conclusiones etc) y algún otro dato importante para la adopción de decisiones.
La anterior información no violenta el principio de inocencia por cuanto nunca se mostrará el nombre del imputado o investigado y servirá para advertir posibles focos de corrupción o tráfico de influencias por ser una información abierta y de seguimiento donde se podrá ver el pulso de las investigaciones estatales, empoderando al ciudadano y a la prensa, además de ser una útil herramienta para las autoridades administrativas y judiciales.
Asimismo, el sistema deberá permitir la presentación de denuncia electrónica anónima y la inclusión de documentos probatorios si los hubiere. Lo anterior aunado a un centro de llamadas que permitirá orientar al denunciante en temas de recolección de pruebas y cualquier otra duda.
El sistema será administrado por la Contraloría General de la República y alimentado por todo el sector público. Se financiará inicialmente de la disminución de gastos superfluos de gobiernos como viajes al exterior y publicidad innecesaria.
Asimismo incluirá la protección del funcionario público que denuncie con pruebas fehacientes dándole protección y traslado de oficina u institución sí fuere del caso. Actualmente el funcionario valiente que denuncia es acosado y hasta investigado por denunciar hechos. Esto sí debe ser abolido.
“Finalmente, es importante destacar el papel de la transparencia y la participación ciudadana responsable e informada en la gestión de la Hacienda Pública, que constituyen poderosas herramientas que ciertamente la inmunizan y la protegen de los riesgos de corrupción. Esto se da en primer lugar, porque tanto la transparencia como la participación ciudadana modifican los comportamientos de las personas frente a la publicidad de sus acciones, lo que funciona como un mecanismo automático de incentivos al comportamiento íntegro y a la eficiencia, y segundo, porque integra dentro de los esfuerzos de control y seguimiento de la gestión pública a otros actores que quizás estén más relacionados con ésta, como los ciudadanos usuarios de los servicios públicos, los medios de comunicación y los actores encargados de ejercer el control político”, Memoria Anual de la Contraloría 2016.