DIRECTRIZ: TRANSMISIÓN DE SESIONES DE JUNTAS DIRECTIVAS VÍA STREAMING

Problema: Un ciudadano desinformado y con poco acceso a las actuaciones estatales es una molestia menos que se le garantiza a la corrupción.
Actualmente se publican datos en la mayoría de portales web de las páginas institucionales, pero se deja de incluir estadística, indicadores de gestión y otro tipo de datos sensibles para evitar que el ciudadano ejerza un mayor control de sus gobernantes.
Una situación parecida sucede con las decisiones que se adoptan en las distintas juntas directivas de las instituciones del sector público. Algunas de ellas publican sus actas, pero entre lo discutido y lo escrito se dejan de anotar motivaciones importantes que los ciudadanos deben conocer.
Un ejemplo reciente acaba de acontecer con una de las actas aprobadas y en firme de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica que fue alterada, según se dijo, en la Comisión Investigadora de Créditos Bancarios.
Otro ejemplo es lo que acontece en la Caja Costarricense de Seguro Social. Basta con observar las actas que se suben a su portal donde, en muchas ocasiones, se observa la siguiente frase:

Simplemente se declara secreto y no se da mayor detalle. No obstante, sin violentar la confidencialidad que cubren ciertos temas perfectamente se puede informar al ciudadano la clase de asunto a tratar.

Responsables: Los Gobiernos anteriores desde hace unos veinte años.

Solución: Empoderar al ciudadano para que coadyuve en la vigilancia de las actuaciones públicas será labor importante en el Gobierno del Partido Integración Nacional. Dictaremos una directriz a todas las juntas directivas en la que el Gobierno tenga representación para que se transmitan en vivo las sesiones ordinarias y extraordinarias.
En aquellos casos donde se deban discutir asuntos cubiertos por confidencialidad al amparo legal, los mismos se dejarán de último en la agenda de la sesión, de tal forma que la trasmisión se interrumpa al final de esta para entrar a conocer los temas cubiertos por el secreto.
Asimismo, se solicitará que en las mismas páginas web se incluyan los temas a tratar en agendas de las juntas directivas de modo que el ciudadano pueda enterarse con anticipación y así darle seguimiento a la discusión del asunto de su interés, sea contratación pública, reglamentos internos, nombramientos, políticas salariales, etc.
Nuestro planteamiento va de la mano con lo expresado por la Contraloría General de la República en su Memoria Anual del 2016 donde señala que:
“Debe buscarse claridad, eficiencia y objetividad en la gestión y control de los procesos institucionales, así como la máxima automatización de las transacciones y de toda la información pública relacionada con el ejercicio público; y también debe promoverse la transparencia y la participación ciudadana en la gestión pública para integrar distintos esfuerzos de control e incrementar así la probabilidad de que la corrupción sea detectada, entre muchas otras dimensiones más”.
Esta iniciativa se materializará en un proyecto de ley donde se contemplará el tema de denuncias públicas y su trazabilidad.
El incumplimiento de la directriz emanada traerá las responsabilidades administrativas a las autoridades que incumplan que señala el artículo 98 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública que señala:
“El Poder Ejecutivo, dentro del ramo correspondiente, podrá remover y sustituir, sin responsabilidad para el Estado, al inferior no jerárquico, individual o colegiado, del Estado o de cualquier otro ente descentralizado, que desobedezca reiteradamente las directrices que aquel le haya impartido sin dar explicación satisfactoria al respecto, pese a las intimaciones recibidas. Cuando se trate de directores de instituciones autónomas la remoción deberá hacerla el Consejo de Gobierno”.