DIRECTRIZ: INNOVACIÓN EN LAS COMPRAS PÚBLICAS

Problema: Al igual que con otros problemas crónicos del Estado hay algunas situaciones que se pueden empezar a resolver con el instrumental jurídico empolvado que tenemos a nuestro haber.
La Encuesta Continua de Empleo correspondiente al segundo trimestre del 2017 del Instituto Nacional de Censos y Estadística (INEC) señala que en Costa Rica hay 193.126 compatriotas sin empleo y que se encuentran “disponibles a participar de la producción de bienes y servicios económicos, buscaron trabajo, pero no lo encontraron…”.
Dentro de este grupo de personas desempleadas nos encontramos con jóvenes profesionales deseosos de poner en práctica sus nuevos conocimientos, pero que ven frustradas sus aspiraciones por la poca oferta laboral.
Paradójicamente nuestras universidades son reconocidas a nivel mundial e incluso tres de ellas (dos públicas) se encuentran dentro del ranquin mundial ocupando posiciones privilegiadas.
Nuestros jóvenes tienen un alto potencial en el desarrollo e investigación que se desaprovecha en beneficio del país y en claro perjuicio para el estímulo de jóvenes profesionales.

Responsables: Los Gobiernos anteriores desde hace unos veinte años.

Solución: Gobernaremos en serio. En este sentido, se puede aprovechar el importante rubro invertido en las compras estatales para incentivar la creación de nuevos productos, patentes, nuevas formas de mejorar la gestión pública, invenciones tecnológicas y cualquier otra nueva forma de satisfacer una necesidad estatal fomentándola desde las compras públicas.
Al respecto y desde el punto de vista tecnológico, se cuenta con el artículo 78 de la Ley N° 7169 del 26 de junio de 1990, denominada “Promoción Desarrollo Científico y Tecnológico y Creación del MICIT (Ministerio de Ciencia y Tecnología)” que señala:
“El Estado, sus empresas y las entidades públicas emplearán la capacidad de contratación de bienes y servicios, según lo permita el objeto de ella, en cada caso, para fomentar e incentivar la formación y la promoción de empresas nacionales de base tecnológica, así como las innovaciones tecnológicas en empresas existentes, además de la consultoría y la ingeniería nacional, de conformidad con el Programa Nacional de Ciencia y Tecnología”.

De igual forma y en normativa más reciente, el artículo 8 de la ley N° 8660 del 08 de agosto del 2008, denominada Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones, señala que:
“Al ICE y sus empresas, con el propósito de promover su competitividad, se les autoriza para que suscriban alianzas estratégicas, dentro del país y fuera de él, o cualquier otra forma de asociación empresarial con otros entes públicos o privados, nacionales o extranjeros, que desarrollen actividades de inversión, de capital, comerciales, de investigación, desarrollo tecnológico, prestación de servicios y otras relacionadas con las actividades del ICE y sus empresas. Los términos y las condiciones generales de las alianzas se definirán reglamentariamente”. (El resaltado no es del original).

A lo anterior se le debe agregar lo dispuesto por el artículo 139 inciso b del RLCA que señala:

“La compra, a precio razonable, de bienes o servicios que en virtud de su carácter intelectual o artístico se consideren fuera de competencia. Cuando la obra no haya sido creada, se podrá utilizar un certamen, donde el procedimiento de selección será el juicio crítico de expertos reconocidos en una comisión de no menos de tres integrantes y no más de cinco. En estos casos, las credenciales de los jueces deberán constar en el expediente administrativo”.

Según se observa en Costa Rica se cuenta con normativa que bajo un programa bien estructurado y vigilado se podría estimular la investigación y el desarrollo.
Para el 2014 se aprobó el Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PIIN), financiado con un crédito de $35 millones otorgado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que pretendía apoyar proyectos de innovación de pequeñas y medianas empresas (Pymes) y otorgar becas para la formación de recursos humanos avanzados. Al mediados del 2016 únicamente se había utilizado 18% del crédito, demostrando una ineficiencia en el otorgamiento.

La situación fue advertida por la CGR al señalar que:
“Al 31 de diciembre de 2015, aproximadamente un año y medio posterior al inicio del Programa, en el subcomponente I.1 aún no se habían ejecutado recursos, y en el Subcomponente II.1 se habían adjudicado beneficios por $800.032 (4% del total de recursos de ese Subcomponente). En los primeros meses del 2016, se viene aumentado la cantidad de recursos utilizados; no obstante, dicha cantidad aún es limitada, lo cual requiere una atención prioritaria por parte del MICITT, como organismo ejecutor del Programa, a fin de asegurar un uso oportuno y eficiente de los recursos del Préstamo”. Contraloría General de la República. Informe sobre las situaciones significativas de control identificadas en la Auditoría financiera sobre el programa de innovación y capital humano para la competitividad del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones N° DFOE-SAF-IF-09-2016 del 26 abril del 2016.

En nuestro Gobierno fomentaremos la compra de soluciones innovadoras en distintos campos asociando la normativa supracitada con una directriz que ordene al Sector Público, estudiar, analizar y adjudicar a los oferentes que presenten propuestas que representen un ahorro para el Estado, generación de empleo o la solución innovadora de un problema estatal bajo la figura señalada el artículo 139 inciso b) del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa.