DIRECTRIZ: BAJAR GASTO DE PUBLICIDAD ESTATAL EN LOS MEDIOS

Problema: Los costarricenses nos sentimos cansados de ver cómo se dilapidan los fondos públicos en gastos innecesarios. Un ejemplo de ello es la publicidad de logros de gobierno en los diferentes medios de comunicación desvirtuando la naturaleza del gasto. En el Gobierno del Partido Integración Nacional detendremos los gastos superfluos como el citado.
A manera de ejemplo y de datos obtenidos de la Contraloría General de la República se tiene que dos importantes televisoras nacionales reciben sumas multimillonarias en publicidad según se observa:

Somos conscientes que tenemos empresas públicas que están en competencia y ese tipo de publicidad no es cuestionada. Lo que es reprochable son los constantes anuncios en los que se informa a la ciudadanía de las inauguraciones de nuevas obras cuando tales situaciones bien se pueden hacer desde las páginas web de cada institución con un costo muy inferior a los millones mal gastados en anuncios que buscan influenciar en la imagen del Gobierno.

Responsables: Los Gobiernos anteriores desde hace unos veinte años.

Solución: Gobernaremos en serio y los gastos superfluos serán eliminados durante nuestra Administración, de ahí que desde el primer día de nuestro mandato se dictará una directriz para prohibir la publicidad superflua.
La directriz será para todo el sector público y se deberá mandar un informe trimestral al Ministerio de Hacienda, que deberá monitorear el cumplimiento de lo ordenado.
La publicidad autorizada por cada órgano o ente será la estrictamente necesaria para informar de cierres, suspensiones de servicio, modificaciones de horario, reubicación de las oficinas, a manera de ejemplo, exceptuando las campañas de publicidad de las empresas en competencia.
Siempre dentro del tema de publicidad, las empresas públicas en competencia pautan en varios medios nacionales y ya se ha detectado en dos ocasiones que se utilizan los fondos públicos y la inversión que estos hacen en algunos medios para acallar posibles denuncias, situación detestable que debe ser frenada de inmediato.
Para tal efecto y en nuestra producción y revisión de nuevas iniciativas, hemos visto que mediante proyecto de ley número 20266, denominado “LEY PARA SANCIONAR EL USO DE RECURSOS PÚBLICOS PARA LIMITAR LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN” ya se ha presentado a la corriente legislativa el remedio jurídico a tal situación y se encuentra en trámite. Desde ya manifestamos nuestro apoyo sin mezquindad.
El incumplimiento de la directriz emanada traerá las responsabilidades administrativas a las autoridades que incumplen que señala el artículo 98 inciso 1 de la Ley General de la Administración Pública.